Este martes 13 se dará a conocer la sentencia por abuso sexual a una menor en el juicio que se lleva adelante contra el ex concejal caletense
Durante el juicio, tal cual se ventiló en los medios periodísticos, y quedó plasmado en el expediente, que Martínez tuvo sobre su cuerpo a una menor de 9 años, a quien toco sus partes íntimas. El fiscal de Cámara ha solicitado la pena de 4 años.
El ex concejal, en el momento de los hechos, convivió con la familia de la víctima durante 26 días porque alegaba que no tenía donde vivir. Quedó claro además que el abuso no fue una “casualidad” sino que se reiteró al menos 2 veces. Por eso reclamamos la pena máxima de 10 años de prisión efectiva que establece el artículo 119º inciso f) del Código Penal, por tratarse de una menor, provechándose de la convivencia y confianza de la familia, y porque fue en reiteradas ocasiones.
Más abajo en el inciso f) se explicita:
“El hecho fuere cometido contra un menor de dieciocho (18) años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo.
En el supuesto del primer párrafo, la pena será de tres (3) a diez (10) años de reclusión o prisión si concurren las circunstancias de los incisos a), b), d), e) o f)”.
¿Por qué el fiscal pide una pena mínima?
Como lo dijimos desde el primer día: “Este caso es paradigmático como ejemplo del accionar del estado, la justicia y los partidos patronales en el aumento de la violencia hacia mujeres y niñez, por el encubrimiento y amparo hacia violentos y abusadores, y la revictimización de les niñes”.
Agravando el amparo político, mientras las familias deben gastar en abogados querellantes, el ex concejal utilizaba para su defensa al asesor legal del concejo deliberante. La población le pagaba el abogado a un acusado de pedofilia.
¿Quién paga ahora los honorarios del defensor particular de alguien que no tenía donde vivir, y se quedó sin sueldo desde el día en que fue detenido?
Todo el apoyo político (tanto de referentes del oficialismo del Frente de Todos como de la oposición UCR-Cambiemos) a un acusado de abuso a una menor, no es más que el encubrimiento y la revictimización hacia esa niña, e implica una política de fondo sobre las mujeres, disidencias, y niñez. Recordamos que existieron dos denuncias contra Martínez, una de una menor, y otra de una joven ligada a su equipo de trabajo, que no llega al juicio, por registrarse el hecho denunciado durante un viaje en auto fuera de la ciudad, y lejos de la jurisdicción de los tribunales locales.
Exigimos a los jueces integrantes de la Cámara Criminal de Caleta Olivia, un fallo ejemplar para que no vuelva a repetirse el accionar de los Martínez, los Maldonado y todos los abusadores que amparados en el Poder nos violentan cotidianamente.
A Macarena en su denuncia contra Soloaga (comisionado de Fomento de Cañadón Seco) y a toda la niñez que sufre abusos, les decimos nosotras les creemos.
Llamamos a las mujeres y disidencias a organizarnos contra toda forma de violencia y a no callarnos.
No nos callamos más.
Plenario de Trabajadoras – Partido Obrero, Caleta Olivia
