Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) participó del encuentro “Mujeres indígenas frente a la emergencia Sanitaria”, convocado por la Cátedra de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la Facultad de Derecho de la UBA junto al Fondo para el Desarrollo de Pueblos Indígenas América Latina y el Caribe (FILAC) y el Foro Indígena de Abya Yala (FIAY). El conversatorio se realizó con el objetivo de visibilizar los derechos de las mujeres indígenas, reflexionar sobre el valor y el rol que desempeñan en la sociedad actual, la necesidad de un enfoque de género en los planes de acción y participación de las mujeres indígenas y trabajar sobre los desafíos del tiempo pos pandemia.
Durante su exposición, Gómez Alcorta definió al sistema cultural de jerarquización que diferencia clases sociales y razas como una forma de violencia. “Las opresiones y subalternidades hay que entenderlas como un factor que en muchos casos multiplican las desigualdades, generando mayores violencias para una parte importante de nuestra población”, expresó.
Con respecto a la invisibilización, precisó: “La opresión sobre los pueblos originarios ha llevado a que aún hoy, en nuestro país, se sostenga que la población indígena tiene una representación menor. En Argentina hay por lo menos 36 naciones indígenas. El último censo del 2010 establece que al menos hay un millón de personas que se reconocen como indígena o descendientes de poblaciones originarias. Las desigualdades que atraviesan las mujeres indígenas son estructurales, históricas y son una de las grandes deudas de nuestra democracia. El avance para el efectivo goce de los derechos de las pueblos indígenas aún distan mucho de ser una realidad”.
También se refirió al impacto diferencial que el aislamiento social, preventivo y obligatorio ha provocado en estas comunidades según el relevamiento realizado por el Observatorio para los Pueblos Originarios de la Facultad de Filosofía de la UBA sobre poblaciones de Salta, Tucumán, Chubut y Río Negro. “Hay una enorme heterogeneidad en espacios rurales o periurbanos. Algunas de las implicancias desfavorables están relacionadas a las actividades de sustento de la vida. Se presentaron distintas dificultades para acceder a insumos, se incrementaron la dificultades para poder acceder a auxilios asistenciales o económicos que el Estado implementó para paliar la crisis”, detalló.
Por último, sobre las situaciones graves de violencia sexual por motivos de género en relación a mujeres jóvenes de pueblos indígenas de nuestro país, habló sobre lo que erróneamente se denomina “chineo”. Y señaló que la práctica de violencia sexual de parte de criollos en relación a niñas, jóvenes y adolescentes indígenas “ha sido invisibilizada y naturalizada, y es necesario traerla a la luz. La pandemia generó mayores dificultades al acceso de dispositivos locales de protección, más allá de los problemas que ya existen corrientemente”, finalizó.
El encuentro estuvo moderado por Sandra Ceballos, abogada, docente UBA Derecho, presidenta de la Asociación de Mujeres Abogadas Indígenas (AMAI) y contó con las intervenciones de Myrna Cunningham, presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC); Andrea Carmen, secretaria ejecutiva del International Indian Treaty Council (IITC) y Florina López Miró, coordinadora de la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina y el Caribe.
