La decisión del Superior Tribunal de Justicia de extender la Feria Judicial, y volver a trabajar en un 50%, desnuda el ajuste en este sector de la Administración Pública. Es que la imposibilidad de un servicio normal se debe principalmente a que no hay espacios adecuados y no están garantizadas las medidas de prevención para cuidar la salud en este marco de pandemia.
Mientras rápidamente se habilitó a la extracción de oro como “actividad esencial”, el acceso al derecho de Justicia sigue muy limitado para los ciudadanos santacruceños.
En los Juzgados se tramitan miles de causas que están suspendidas desde que se decretó la cuarentena y que están esperando respuesta judicial a problemas laborales, familiares, cuotas alimentarias, divorcios, causas de violencia de género, robos, estafas, penales, causas con presos, o causas penales en las cuales no se ha investigado nada debido a la paralización de las actividades judiciales.
El perjuicio que se ocasiona por estos retrasos a miles de ciudadanos es responsabilidad no solo de la pandemia sino de las políticas de ajuste y la falta de presupuesto determinadas por el TSJ y sobre todo por el poder político provincial.-
ATRASO
Todavía en Santa Cruz no se ha implementado lo que viene sucediendo a nivel Nación con el Código Procesal Penal y Civil, donde se incorporó un sistema de notificaciones digitales; al igual que en varias provincias como la vecina Chubut que han adoptado el mismo sistema de notificaciones digitales mediante un sistema informático que se llama “Serconex”.
Un sistema digital de notificaciones agilizaría notablemente los trámites ya que las notificaciones se realizan el mismo día en que son adoptadas, se ahorra papel y dinero y en consecuencia favorece el cuidado del medio ambiente, además de favorecer un sistema más ágil y rápido de Justicia.
Santa Cruz es de las pocas provincias en que aún no se ha adoptado tal sistema de notificaciones y seguimos con el vetusto sistema de cedulas de notificación de papel.
AJUSTE Y CONTRADICCIONES
La jerarquía del Poder Judicial no ha encontrado aún protocolos de seguridad que garanticen el servicio de justicia y al mismo tiempo preserven la salud de los trabajadores.
En varias provincias ya se han implementado muchos juicios por video conferencia lo que en Santa Cruz no se realiza por el atraso que existe en la legislación al respecto.
Es curioso es que en la misma provincia, la Justicia Federal está trabajando con sus protocolos de seguridad sanitaria.
Las audiencias virtuales que se están realizando por teleconferencia, ratificación de denuncias, careos, testimoniales y demás acciones del proceso judicial, carecen de marco normativo y podrían ser desestimadas sin más trámite, si alguien las cuestiona.
Hacemos nuestra la requisitoria del Gremio Judicial de rechazar la imposición del “teletrabajo” hasta que el mismo no esté reglamentado en una paritaria.
Planteamos la necesidad de elegir Comisiones de Seguridad e Higiene, con tutela sindical, en cada dependencia. Estas comisiones deben tener poder de Veto, para frenar las actividades cuando exista riesgo para la salud de los trabajadores judiciales.
Al mismo tiempo, este ajuste permanente en el Estado afecta el trabajo y la fuente de ingresos de todos los abogados que viven de su profesión y que llevan varios meses sin poder percibir ingresos, privados en muchos casos de llevar un sostén mínimo a sus familias durante esta emergencia.
UNA JUSTICIA DE CLASE
No vamos a dejar de señalar que el Poder Judicial ha sido instrumento del Estado contra la protesta social. Su carácter opresivo se demuestra con los centenares de procesados, presos por las protestas y persecuciones contra quienes solo reclamaban trabajo, pago en tiempo y forma de salarios, jubilaciones y hasta de quienes han pedido por agua y gas.
Este dato objetivo se contrapone con la casi inexistencia en la Justicia Provincial de causas contra los funcionarios y empresarios amigos del poder que dejaron sin terminar decenas de obras que cobraron puntillosamente (rutas, acueductos, escuelas, etc).
Vemos como moneda corriente a Jueces que detentan en forma permanente abuso de poder en sus localidades, que hostigan laboralmente a sus empleados mientras otros han sido separados de sus cargos con imputaciones gravísimas de violentar las leyes de adopción entre otras.
La mal llamada Justicia es un sistema obsoleto y sometido al poder político. El retraso normativo y las decisiones arbitrarias refuerzan el carácter opresivo contra la población en general, contra los propios empleados judiciales y contra los abogados que litigan en el fuero.
PROPUESTA
Ya el año pasado señalábamos que hacía falta impulsar programa mínimo de 6 puntos:
- INSTAURAR LOS EXPEDIENTES Y NOTIFICACIONES DIGITALES.
- ADOPCION DEL SISTEMA ACUSATORIO Y DE LA ORALIDAD.
- ELECCION Y REVOCABILIDAD POR VOTO POPULAR DE JUECES Y FISCALES.
- IMPLEMENTACION DE JUICIOS POR JURADOS CIVILES.
- CREACION DEL COLEGIO DE ABOGADOS, para que puedan tener aportes jubilatorios y Obra Social
- INGRESOS Y ASCENSOS POR CONCURSOS PUBLICOS Y TRANSPARENTES
- PROTOCOLOS ACORDADOS Y COMISIONES GREMIALES DE SALUBRIDAD EN LOS JUZGADOS QUE ASEGUREN LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL MARCO DE LA PANDEMIA.
Omar Latini
Partido Obrero
Libertad Noticias
